• Alejandro Lagos

El litio en Argentina.



Existen dos proyectos que producen litio para la exportación en Argentina. En el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, la empresa norteamericana Livent cuenta con una capacidad de producción de 20 mil toneladas de litio equivalentes al año y planea duplicarla a partir de una inversión de 640 millones de dólares. Livent está asociada con BMW.


El segundo proyecto es Sales de Jujuy en el Salar de Olaroz, con una capacidad de 17.500 toneladas de litio equivalentes por año. Está manejado por la australiana Orocobre, asociada a la japonesa Toyota Tsusho y la empresa provincial JEMS). Sales de Jujuy vende litio a Toyota en Japón y a otros fabricantes de baterías en Corea y China. También está en etapa de expansión.


El único nuevo proyecto que va a entrar en producción en el corto plazo es Cauchari-Olaroz operado por Minera Exar, que pertenece a la canadiense Lithium Americas y la china Jiangxi Ganfeng Lithium, con peso minoritario de JEMSE. El año que viene comenzaría la producción y finalizada la construcción tendría una capacidad de 25 mil toneladas anuales de carbonato de litio. Cuenta con contratos con Tesla, Volkswagen y BMW.


Según cifras oficiales , el año pasado se exportaron 31.500 toneladas de carbonato de litio por 134 millones de dólares, por debajo de los 184 millones de dólares de 2019. Con el ingreso pleno de producción de Caucharí-Olaroz, la capacidad total del país pasaría de las 37.500 toneladas actuales por año a 85 mil toneladas.


En otro escalón está la francesa Eramet, cuyo proyecto en el Salar de Centenario-Ratones, Salta, quedó estancado por la pandemia y la incertidumbre macroeconómica del país. En la misma línea aparece la firma surcoreana Posco, que planea construir una planta de carbonato e hidróxido de litio en Salta, y Galaxy y Orocobre con su inversión en Catamarca.


Hay entre 50 y 60 firmas que tienen prácticamente todas las concesiones de los salares en sus manos en Argentina. Martín Obaya, investigador de la Universidad de San Martín, sostiene que el marco regulatorio de la actividad minera favorece la especulación con los proyectos, con empresas que compran una concesión pero luego la venden para obtener ingresos.


La Ley de Inversiones Mineras y el Código de Minería que regulan la actividad del litio permite la importación de equipos libres de aranceles, incluye desgravaciones impositivas y estabilidad fiscal y establece regalías de apenas el 3% por la exportación. No establece mecanismos de diálogo social con las comunidades ni cuenta con herramientas para avanzar en la agregación de valor.


“El método actual de extracción de litio no es sostenible a raíz del volumen de agua que requiere y de residuos que genera. Además, es muy poco eficiente en términos económicos, con lo cual no va a permitir abordar una demanda multiplicada por 35 que se espera en un escenario de masividad de los vehículos eléctricos”, sostiene Ernesto Calvo, director del Instituto de Química, Física, de los Materiales, Medio Ambiente y Energía.


Para la extracción del mineral, las empresas realizan un pozo de 200 a 400 metros de profundidad desde donde extraen agua junto con minerales. El líquido se deja reposar entre uno y dos años en piletones enormes en donde el agua se evapora por efecto de la energía solar. El compuesto resultante requiere de grandes cantidades de agua dulce para llegar al carbonato de litio


El gobierno de Alberto Fernández estudia un proyecto de ley que apunta a consolidar una empresa pública para la producción de litio junto con una comisión de carácter autárquico para funcionar a nivel científico, técnico, comercial e industrial. La comisión tendría participación del gobierno nacional, las provincias, comunidades originarias y universidades. También se avanzaría con una agencia de estímulo al desarrollo científico en litio.


La situación es diferente en Chile y Bolivia, en donde el litio es considerado un recurso estratégico. En Chile, operan empresas privadas bajo contratos con el Estado. Se pagan regalías móviles del 6% al 40% y hay recursos destinados a financiar centros de investigación. En Bolivia el sistema es público y se desarrollaron proyectos pilotos pero no en fase industrial.


Fuente: https://dialogochino.net/

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